En México se otorga un poder desmedido a los intelectuales, y en gran parte a través de esa agencia de colocaciones que es la distribución (arbitraria, sin regulación) de becas del Fonca. Opinan de todo, están en los medios, en la comunidad académica, en la comunidad estudiantil, y en las esferas del poder partidista, pero a diferencia de cualquier funcionario público (aunque sea corrupto), el intelectual mexicano no tiene que rendir cuentas a nadie, a ninguna institución (aunque sea en teoría, como el político corrupto). Ni siquiera a sus lectores, pues las editoriales le siguen publicando por negocio o por miedo o por ambos facotres. Para el político, si se hiciera cumplir la ley, habría restricciones. Para el intelectual todólogo (ese endriago impulsado por Monsiváis) no hay ni ley.